QUINTO ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
UNIîN
EUROPEA-AMƒRICA LATINA Y CARIBE
LIMA,
16, 17 Y 18 DE ABRIL DE 2008
PROYECTO
DE DECLARACIîN FINAL
El ComitŽ Econ—mico y Social Europeo organiz— el
Quinto Encuentro de la sociedad civil organizada Uni—n Europea –AmŽrica
Latina y Caribe en Lima, Perœ, los d’as 16, 17 y 18 de abril de 2008.
En este Encuentro se dieron cita representantes de
las organizaciones de la sociedad civil de la Uni—n Europea, AmŽrica Latina y el
Caribe, incluidas sus instancias consultivas nacionales y regionales.
Los participantes agradecen vivamente el apoyo de
la Comisi—n Europea y la hospitalidad brindada por la Secretar’a General de la
Comunidad Andina y la Organizaci—n Internacional del Trabajo para la
organizaci—n de este Encuentro.
Los participantes han aprobado en este su Quinto
Encuentro la siguiente Declaraci—n, dirigida a la Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno que se reunir‡ los d’as 16 y 17 de mayo de 2008 en Lima (Perœ) y se
proponen hacer el seguimiento de las peticiones y propuestas que en ella
figuran, as’ como contribuir a la fruct’fera aplicaci—n de las mismas.
1.
Introducci—n
1.1 La
presente Declaraci—n, en l’nea con los cuatro anteriores Encuentros de la
sociedad civil organizada UE-ALC, celebrados entre 1999 y 2006, reafirma el
compromiso de los participantes de contribuir a la asociaci—n estratŽgica
birregional de ambos continentes.
1.2 Expresan
la necesidad de que las relaciones entre los pa’ses y bloques de LatinoamŽrica,
El Caribe y la Uni—n Europea estŽn orientadas al fortalecimiento de la
democracia y del desarrollo econ—mico y social, la promoci—n y la generaci—n de
empleo de calidad, as’ como la protecci—n de los consumidores. Su principal
objetivo tiene que ser mejorar los niveles de vida de la poblaci—n, respetando
y garantizando los derechos sociales, pol’ticos, econ—micos y culturales, en
especial los derechos fundamentales de los pueblos ind’genas y sectores m‡s vulnerables.
1.3 Toman
nota de que han concluido las negociaciones con el Caribe para un Acuerdo de
Asociaci—n Econ—mica, se ha mantenido la voluntad pol’tica de concluir un
acuerdo de asociaci—n con el Mercosur y se han entablado nuevas negociaciones para
sendos acuerdos de asociaci—n con CentroamŽrica y la Comunidad Andina.
1.4 El
Quinto Encuentro examin— los cuatro temas siguientes: el fortalecimiento y la participaci—n
de la sociedad civil organizada en los procesos de integraci—n regional en
AmŽrica Latina y el Caribe; la dimensi—n del desarrollo sostenible de las
relaciones UE-ALC, as’ como la participaci—n de la sociedad civil tanto en los
procesos actuales de negociaci—n de acuerdos de asociaci—n entre la UE y
AmŽrica Latina, como en el seguimiento de los acuerdos ya firmados; la inclusi—n
social y la migraci—n en AmŽrica Latina y el Caribe y, finalmente, la
contribuci—n de la sociedad civil a la cuesti—n del cambio clim‡tico y los recursos
energŽticos.
2.
Fortalecimiento
y participaci—n de la sociedad civil organizada en los procesos de integraci—n
regional en AmŽrica Latina y el Caribe
Los
participantes:
2.1 Constatan
que el refuerzo de la integraci—n regional es una herramienta para promover el
desarrollo; dicha integraci—n regional ha de incluir una dimensi—n econ—mica, social,
laboral medioambiental y cultural.
2.2 Recuerdan
que el logro de la cohesi—n social y territorial en todo proceso de integraci—n
pasa necesariamente por la participaci—n en las decisiones por parte de las
organizaciones representativas de la sociedad civil, y la consideraci—n de sus
propuestas para la elaboraci—n de las agendas nacionales y regionales de
desarrollo.
2.3 Reclaman
el reconocimiento y fortalecimiento del papel de las instancias consultivas
institucionales existentes en sus distintas regiones, as’ como la creaci—n de
dichas instancias consultivas all‡ donde no existan aœn, cuando se alcance un
consenso entre todas las partes interesadas.
2.4. Solicitan a las autoridades pol’ticas latinoamericanas
y caribe–as que apoyen a sus organizaciones representativas de la sociedad
civil con un reconocimiento institucional adecuado y con medios financieros,
formativos e informativos con el fin de contribuir a su reforzamiento,
independencia y capacidad de propuesta, y dialogo. Deber‡ ponerse especial
atenci—n en la igualdad de derechos, la formaci—n y la participaci—n de las
mujeres. La misma consideraci—n deber‡ tenerse con los pueblos ind’genas. Exhortan, adem‡s, a los
gobiernos a que implementen medidas y pol’ticas para fomentar el surgimiento,
donde no las haya, de organizaciones de consumidores y usuarios y fortalecer
las existentes.
2.5. Constatan el incremento sustancial de
fondos europeos destinados a la capacitaci—n y al refuerzo de la sociedad civil
y sus instituciones en el nuevo periodo de programaci—n 2007-2013 y piden que
se les facilite el acceso a dichos fondos y se flexibilice en mayor medida su
utilizaci—n mediante, entre otros, proyectos destinados singularmente al
refuerzo de las instituciones consultivas regionales.
2.6. Valoran los progresos realizados desde
la Cumbre de Viena de 2006 en la profundizaci—n de relaciones entre el CESE y
las instancias consultivas regionales de AmŽrica Latina y el Caribe, que han
desembocado en programas de visitas mutuas, iniciativas conjuntas, protocolos
de cooperaci—n e intercambios de experiencias. No obstante, convendr’a consolidar
dicha evoluci—n positiva.
2.7. Exigen que los procesos de
integraci—n subregionales y birregionales se orienten por el principio de la
transparencia.
2.8. Los procesos de negociaci—n deben
garantizar a la poblaci—n en general y a sus organizaciones representativas,
adecuados y efectivos mecanismos de consulta y participaci—n activa y de acceso
a la informaci—n suficiente en las negociaciones para de esta manera asegurarse
un mayor apoyo y legitimaci—n social.
2.9. Piden que se creen ComitŽs Conjuntos
de la sociedad civil organizada para la participaci—n y el seguimiento tanto de
las negociaciones entre la UE, el Mercosur, CentroamŽrica y la Comunidad Andina
como de la aplicaci—n de los acuerdos vigentes con MŽxico y Chile.
2.10. Acogen con satisfacci—n la creaci—n, dentro del
Acuerdo de Asociaci—n Econ—mica CE-Caribe, de un ComitŽ Consultivo CE-CARIFORUM
compuesto por representantes de las organizaciones de la sociedad civil de
ambas partes para el seguimiento de la aplicaci—n del Acuerdo en sus aspectos
econ—micos, sociales y medioambientales.
3.
La dimensi—n
de desarrollo sostenible de las relaciones UE-AmŽrica Latina y Caribe
Los
participantes
3.1 Estiman
que, en el marco de las relaciones UE-ALC, los acuerdos han de concebirse como
un instrumento de desarrollo sostenible y redundar en un mayor grado de
cohesi—n social.
3.2. Consideran que, para un desarrollo
sostenible, el acceso a los mercados ha de ser justo y equilibrado.
3.3. Se–alan, asimismo, la necesidad de que
estos acuerdos garanticen normas
jur’dicas claras, justas y previsibles para las inversiones, las reinversiones,
los derechos laborales y las
cuestiones medioambientales, as’ como el desarrollo de un mercado
interior en los distintos bloques regionales y la creaci—n de agencias de
regulaci—n independientes y transparentes.
3.4. Consideran que, entre otros, son factores
fundamentales de desarrollo econ—mico y social la creaci—n y mejora de
infraestructuras, un mejor acceso a la financiaci—n para las PYME, la promoci—n
de las cooperativas con sus principios reconocidos internacionalmente, de otras
empresas de la econom’a social y del tejido empresarial de ‡mbito local y
regional, y el establecimiento de mecanismos de compensaci—n aduanera y de
solidaridad.
3.5. Reconocen que los pilares econ—mico,
social y medioambiental del desarrollo sostenible est‡n mutuamente
condicionados y son fundamentales para mejorar la competitividad del tejido
productivo.
3.6. Demandan la realizaci—n, con antelaci—n suficiente
a la conclusi—n de las negociaciones, de estudios de impacto y sostenibilidad
sobre las repercusiones econ—micas, sociales y medioambientales de los
acuerdos, as’ como sobre su posible contribuci—n al desarrollo general de las
regiones integrantes de los respectivos acuerdos. Piden, a este respecto, que
dichos estudios sean realizados por organismos independientes seleccionados de
comœn acuerdo y que se establezca una real participaci—n de las organizaciones
de la sociedad civil en la definici—n de las medidas que de tales estudios se
desprendan.
3.7 Recuerdan
una vez m‡s que las disposiciones comerciales y econ—micas de dichos acuerdos
deben tener por finalidad el desarrollo econ—mico integral de las regiones beneficiarias
de los mismos. A tal efecto, es imprescindible reconocer la existencia de las asimetr’as que se
den entre las partes y aplicar las necesarias medidas compensatorias.
3.8 Reivindican
que los acuerdos incluyan un
cap’tulo social y laboral que incorpore el concepto de Òtrabajo decenteÓ
(promoci—n del trabajo digno, promoci—n de la protecci—n social, garant’a de
aplicaci—n de los derechos laborales y sociales fundamentales con car‡cter
universal, incluidos los trabajadores por cuenta propia), y preserve los
derechos sociales y laborales recogidos en la Declaraci—n de Principios y
Derechos Fundamentales de la OIT de 1998, la Recomendaci—n 193 de la OIT sobre
cooperativas y los convenios 155 y 169 relativos, respectivamente, a la salud y
seguridad en el trabajo y a los pueblos ind’genas; las l’neas directrices de la
OCDE para las multinacionales; la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Uni—n Europea, la Declaraci—n Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, la Convenci—n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, la Declaraci—n Sociolaboral del MERCOSUR y la Carta Social
Andina.
3.9 Solicitan
que la dimensi—n sociolaboral contemple mecanismos de recurso, arbitraje y resoluci—n
de los conflictos que se puedan producir por la aplicaci—n de las normas
laborales de referencia, y que las organizaciones de empleadores y trabajadores
participen en el funcionamiento de esos mecanismos.
3.10 Acogen con satisfacci—n la inclusi—n en el
Acuerdo de Asociaci—n Econ—mica CE‑CARIFORUM de un cap’tulo social que
incluye, entre otras cosas, un reconocimiento expl’cito de los beneficios de
las normas laborales b‡sicas de la OIT y del trabajo digno para la eficiencia
econ—mica, la innovaci—n y la productividad de los pa’ses del Caribe.
3.11 Consideran
que la degradaci—n medioambiental implica una gran amenaza para nuestras
sociedades y nuestras econom’as. En este sentido, entienden que el conjunto de
los pa’ses industrializados tienen que encabezar la respuesta a este desaf’o y
transformar el riesgo en una oportunidad para reducir las desigualdades y
sentar las bases de un desarrollo sostenible que, en cualquier caso, requerir‡
un compromiso global y la
adaptaci—n del modelo actual de producci—n y consumo.
3.12. Acogen con satisfacci—n la inclusi—n en los AAE
entre CARIFORUM y la CE de un cap’tulo medioambiental, que estipula que la
gesti—n sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente deber‡
aplicarse e integrarse en todos los niveles de la cooperaci—n.
4.
Inclusi—n
social y migraci—n en AmŽrica Latina y el Caribe
Los
participantes
4.1 Recuerdan que el fomento de la paz, la
democracia, el Estado de Derecho, la cohesi—n social y el desarrollo econ—mico
de los pa’ses deber’an ser instrumentos
b‡sicos para abordar la problem‡tica
migratoria de una manera integral. Los mismos factores que contribuyen a la
falta de cohesi—n social provocan las migraciones: pobreza, sobreexplotaci—n de
recursos naturales, carencia de protecci—n social y de educaci—n.
4.2 Conscientes de que Europa, que otrora
fue la principal emisora de flujos migratorios, es hoy una receptora creciente
de migrantes, piden que la UE contribuya con acuerdos y programas que faciliten
la inmigraci—n regular, la inserci—n de los migrantes y sus familias y la
articulaci—n de una pol’tica de codesarrollo entre los pa’ses de origen y los
de acogida.
4.3 Solicitan una pol’tica proactiva e
integral de migraci—n, asentada en reglas precisas de admisi—n y residencia que
respeten la dignidad de las personas. Tal pol’tica deber’a estar basada en un
marco de derechos de los migrantes recogidos en las Convenciones de las Naciones
Unidas (Convenci—n Internacional de las Naciones Unidas sobre protecci—n de los
derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares) y en convenios
de la OIT (CIT 97, CIT 143 y CIT 157) y, en general, en el cumplimiento de los
pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos.
4.4 Alertan de los efectos negativos que
puede representar para los pa’ses en desarrollo la fuga de cerebros y la
di‡spora de los sectores m‡s j—venes de su poblaci—n. Y piden que las pol’ticas
migratorias tengan en cuenta estos aspectos desarrollando mecanismos
compensatorios.
4.5 Proponen, que la UE y sus Estados
miembros analicen con los pa’ses de origen de AmŽrica Latina y el Caribe
procedimientos de inmigraci—n circular (permisos de trabajo y residencia,
transferencia de los derechos de pensi—n, reconocimiento de cualificaciones
profesionales y t’tulos educativos) para facilitar la inmigraci—n a travŽs de
mecanismos flexibles y transparentes.
4.6 En
este sentido, se congratulan por la firma del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social durante la XVII Cumbre Iberoamericana, que
tiene por objetivo que los trabajadores migrantes puedan gozar, en sus pa’ses
de origen, de los beneficios generados con su trabajo en los pa’ses receptores;
asimismo, hacen un llamamiento por la r‡pida y eficaz aplicaci—n del mismo.
4.7 Abogan por una pol’tica migratoria de
la UE gestionada en colaboraci—n con los pa’ses de origen latinoamericanos y
caribe–os, de tal forma que los flujos migratorios se conviertan en factor de
desarrollo econ—mico de estos pa’ses. Consideran que para ello es esencial que otras
pol’ticas como las de comercio, inversiones y cooperaci—n al desarrollo sean
coherentes con dicho objetivo, y realizar un esfuerzo a favor del intercambio
sistem‡tico de buenas pr‡cticas en las pol’ticas sociales, laborales y de lucha
contra la pobreza.
4.8 Recomiendan que, entre otras
actividades de codesarrollo, se fomente la actividad empresarial a nivel local
y las actividades de econom’a social para generar empleo y aprovechar los
recursos locales; piden que se promuevan pol’ticas de apoyo a estas actividades
para crear empresas que contribuyan al crecimiento y la competitividad del tejido
productivo local con el fin de ofrecer posibilidades de permanencia en los
pa’ses de origen.
4.9 Reclaman un trato justo y no
discriminatorio de todos los migrantes en tŽrminos de condiciones salariales y
laborales, el respeto de sus derechos humanos y sindicales y el establecimiento
de procedimientos para su regularizaci—n laboral e integraci—n social. Piden
asimismo que, en caso de repatriaci—n, Žsta se realice con plenas garant’as
jur’dicas y humanas.
4.10 Piden, asimismo, pol’ticas de migraci—n que
no estŽn basadas exclusivamente en las cualificaciones profesionales de los
trabajadores.
4.11 Expresan su absoluto rechazo a todas las formas de
tr‡fico y trata de seres humanos, que especialmente afecta a mujeres y ni–os.
4.12 Apoyan toda medida encaminada a la libre
circulaci—n de trabajadores dentro de los distintos procesos de integraci—n
regional en AmŽrica Latina y Caribe y piden, por tanto, que se adecuen las
pol’ticas migratorias y de concesi—n de visados dentro del propio continente
latinoamericano para facilitar los movimientos migratorios regulares.
4.13 Piden
que se facilite la canalizaci—n de las remesas de los migrantes, se reduzcan sus costes de transferencia
y se garantice su libre destino.
4.14 Piden que los agentes sociales y las
organizaciones de la sociedad civil participen en el dise–o de pol’ticas
pœblicas sobre migraciones, especialmente en temas de inclusi—n social, as’
como formaci—n y empleo, tanto en los pa’ses de origen como en los de destino.
