(Por Gustavo Espinoza, Nuestra Bandera)

Argenpress, 3 de junio.- El más grave conflicto social en lo que va del gobierno del Presidente García estalló recientemente en el sur peruano a la luz del reparto de las utilidades mineras entre el Poder Central y los gobiernos locales de Tacna y Moquegua. Luego de ocho días de tensas negociaciones y de agudas controversias pudo finalmente hallarse un camino de entendimiento que dejó diversas lecciones.

Aunque la crisis envolvió a los dos departamentos situados en el extremo sur de nuestro país, la confrontación mayor se produjo en Moquegua, una atractiva ciudad ubicada por encima de los 1,400 metros de altura sobre el nivel del mar, capital de la provincia de Domingo Nieto y cuna de descollantes figuras de la historia.

Mercedes Cabello de Carbonera, José Carlos Mariátegui y Luis E. Valcárcel, uno de los más importantes historiadores peruanos, nacieron en efecto en este escenario apacible con clima de desierto, que tiene un alto índice de ruralidad y encabeza una región cuprífera, agraria y metalúrgica, gracias a una fundición establecida en Ilo, el puerto más cercano, que aspira a jugar un rol decisivo en las comunicaciones Asia- Pacífico en la perspectiva.

Aunque en Moquegua se produjo el alzamiento de Ollanta Humala en el año 2000, no es esa precisamente una zona convulsa. Como en otras regiones del Perú en las que impera la pobreza, en Moquegua también se han producido esporádicas protestas sociales y confrontaciones incluso violentas –como en 1973- , pero ellas no marcaron nunca la naturaleza de una población dedicada al trabajo creador y al cuidado de la tierra.

En esta ocasión, la crisis se desencadenó por una disputa referida al reparto de las utilidades mineras ligado a los más ricos yacimientos de cobre del sur peruano, administrados por la empresa norteamericana Southern Cooper Corporation, que tiene bajo su control los yacimientos de Toquepala (en Tacna) y Cuajone (en Moquegua), La protesta de la población moqueguana tuvo que ver con el gobierno central y sus disposiciones legales.

El Decreto Supremo 005-2002 que aprueba el reglamento de la denominada “Ley del Canon), establece -en efecto- los criterios para la distribución del fondo entre las regiones que comparten la acción operativa de una misma empresa. Dicho reglamento señala que para asignar los montos del Canon se debe tomar en cuenta el material extraído de la mina; incluidos la tierra y el material sin procesar; y no la producción final del metal.

En aplicación de ese criterio, el Ministerio de Energía y Minas asignó el 21% del monto total de las rentas a Moquegua, y el 79% a Tacna. La diferencia en cifras, es expresiva: mientras a Moquegua le llegaron menos de 190 millones de soles, a Tacna le fueron entregados casi 715 millones.

El pueblo moqueguano, reclama una interpretación distinta del tema que ve a partir de otra óptica. Asegura –en efecto- que el Canon debe considerar cuántas toneladas de cobre se producen en las minas que tiene una empresa.

Según tal criterio, como Southern produjo 359 mil toneladas de cobre en el año 2007, y de este volumen 189 mil corresponden al yacimiento de Cuajone ubicado en Moquegua, a su región se le debe asignar el 52% del monto total, y no el 21%, es decir 504 millones, cifra largamente superior a la que recibe hoy,

El conflicto estuvo planteado desde hace varios meses, y se agravó en las últimas semanas por la inexcusable incapacidad de las autoridades. Y se desencadenó cuando los pobladores, sobre todo agrarios, optaron por cerrar el Puente Montalvo, que abre la ruta para la comunicación con Tacna y el sur fronterizo.

En un inicio las autoridades capitalinas subestimaron la protesta y confiaron más bien en una supuesta e imaginaria “capacidad de maniobra” que les permitiría “manejare” el conflicto. No fue así. Inicialmente trajeron a Lima a las autoridades regionales y buscaron “ganarlas para su causa”, burlando la esencia de la demanda social.

Cuando llegaron a la conclusión que por esa vía no habían avanzado mucho, optaron pos enviar efectivos policiales que reprimieran a los manifestantes y despejaran la zona. Pensaron que -como antes- helicópteros artillados, bombas y armas de fuego serían suficientes; pero eso tampoco funcionó. Cuando los 700 efectivos de la policía bajo el mando del general Alberto Jordán Brignole decidieron actuar, se encontraron con la firme resistencia de la población.

20 mil pobladores se enfrentaron con piedras y palos a los efectivos policiales y los hicieron retroceder. En el extremo, los acorralaron y los doblegaron, capturando al mando policial a quien se vio obligado a pedir perdón a la población y a admitir que había actuado de ese modo “en cumplimiento de órdenes superiores”.

Aunque el general no quiso reconocer quién le había dado tales órdenes, es claro que ellas sólo podrían haber provenido de su Jefe Inmediato, el General Octavio Salazar. Encima del general Salazar, sólo el Ministro del Interior, Luis Alva Castro, y más arriba el Presidente de la República. La Cadena de Mando, entonces, no resulta muy extensa.

Quizá por eso, luego de los hechos, el gobierno central optó por buscar en el general Jordán un “chivo expiatorio”. Le echó la culpa de todo lo ocurrido, lo acusó de cobardía y finalmente lo destituyó de su opuesto. En el extremo, y casi al borde del paroxismo, el Presidente García le reprochó haber tenido “miedo físico” y haber sido “incapaz de hacer uso de sus armas”. Pareciera que el mandatario deploró la ausencia de muertes en el conflicto

La prensa nacional no pudo ocultar los hechos y coincidió en asegurar que la población “desbordó” a la policía y la humilló. Cecilia Valenzuela, desvergonzada gonfalonera del régimen, dominada por el pánico perdió virtualmente los papeles ante Cámaras y exigió “enviar diez mil soldados y debelar (¿) por la fuerza ese motín”.

Hoy, sin embargo, “ese motín” ha concluido sin disparar un solo tiro y sin ningún muerto. Pero con aleccionadoras enseñanzas. Lo primero que debe advertirse es que Moquegua y Tacna son poblaciones contiguas y complementarias. Sus intereses no son contrarios, ni excluyentes. No pueden vivir uno a expensas del otro, sino en mutuo acuerdo y en trabajo solidario.

No existe razón alguna para un enfrentamiento entre sí, sino más bien la base para un sólido acuerdo que les permita combatir por igual contra la pobreza, y por el desarrollo y el progreso. En lugar de luchar separadas negociando con la capital beneficios puntuales, debieran establecer un diálogo horizontal que les ayude a tratar sus necesidades y problemas entre sí, y ponerse de acuerdo, para enfrentar juntos al gobierno central.

Eso requiere, sin embargo, de autoridades locales más abiertas de mayor alcance y perspectiva, que no vean provechos locales, ni mezquinen recursos. Expresiones de este tipo, peligrosamente, se han escuchado en la coyuntura, y reflejan tan sólo la inmadurez de un movimiento que está naciendo, pero que carece todavía de un sustento definido.

Lo segundo notable, es la fuerza del pueblo. Veinte mil personas en una zona muy poco poblada del país es casi el 10% de la población total de la región, y constituye una fuerza significativa a la que no se le puede doblegar. La violencia -a la que se pensó recurrir- habría sido no sólo criminal, sino también suicida. Lo tercero está vinculado a la capacidad operativa de los cuerpos policiales.

El gobierno del Presidente García busca fortalecer el aparato represivo del Estado y dotarlo de la mayor impunidad posible. Pero ella choca irremediablemente con la situación concreta. No basta que los policías estén armados y cuenten con leyes que los protejan. La fascistización de la sociedad peruana no ha avanzado tanto como para asegurar el cumplimiento inicuo de funciones asesinas.

Subyace en la conciencia incluso de las fuerzas policiales la idea que acuñó en su momento el general Velasco Alvarado “no somos enemigos del pueblo -dijo- sino defensores y protectores del mismo”. Y eso sin duda bulle en la cabeza de la gente de uniforme al margen de la terca obsesión represiva de los Mandos.

La cuarta, tiene que ver con el nivel de preparación y de conciencia de la lucha.

Es claro que lo de Moquegua no fue el resultado de una acción espontánea. Pero tampoco respondió -como lo asegura la prensa más reaccionaria- a consignas partidistas y a manipulaciones sediciosas. Fue una lucha justa, legítima, prístina, a la que se sumaron todas las fuerzas del pueblo, incluida -como es natural y previsible- la Izquierda y los trabajadores. No habría podido ser de otro modo.

El “Moqueguazo”, como se le llama hoy, constituye sin duda un nuevo hito en la lucha de nuestro pueblo, que se nutre de experiencias complementarias, pero que se afirma con la esperanza que alimenta una vieja tradición.

A fines de 1792, uno de los más ilustres peruanos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, decía: “No hay ya pretexto para excusar nuestra apatía si sufrimos más largo tiempo las vejaciones, que nos destruyan; se dirá con razón que nuestra cobardía las merece.

Nuestros descendientes nos llenarán de imprecaciones amargas, cuando mordiendo el freno de la esclavitud que habrán heredado, se acordarán del momento en que para ser libres, no era menester sino el quererlo”. Y es que en Moquegua, el pueblo lo quiso. Y alcanzó una ejemplar victoria•