SIEC. Actualidad Étnica, Bogotá, 21 de julio.- Acusaciones y recomendaciones.

El Comité de jurados de la Audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Colombia, capítulo para pueblos indígenas realizada en el Resguardo Indígena Kankuamo del corregimiento de Atanquez, municipio de Valledupar emitió el Veredicto Final que acusa al Estado colombiano, a su gobierno y a las empresas multinacionales y transnacionales por violación a los derechos individuales y colectivos de estos pueblos.

La Audiencia, en su primera parte, concluyó el pasado 19 de julio; la segunda parte se realiza en Bogotá y concluirá el próximo 23 de julio. El TPP también hizo una serie de recomendaciones.

Se han realizado hasta la fecha las audiencias sobre: Transnacionales de alimentos, Bogotá 1 y 2 de abril de 2006; transnacionales de minería, Medellín 10 y 11 de noviembre de 2006; transnacionales que afectan la biodiversidad, desarrollada en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, de la cuenca del Río Cacarica en el Bajo Atrato chocoano (25 y 26 de febrero 2007; transnacionales de petróleo, en Bogotá 3, 4 y 5 de agosto de 2007 y Servicios Públicos (7 y 8 de abril de 2008).

Acusaciones y recomendaciones del TPP:

“… El Tribunal Resuelve: Acusar al Estado Colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos indígenas de Colombia que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los pueblos indígenas producto de la cual cientos de miles de indígenas sufren graves consecuencias.

Por la persecución, torturas, desapariciones, implementación de campañas de desinformación, pago de recompensas para acusar y judicializar a las autoridades y líderes defensores de los pueblos indígenas que luchan por los derechos a la identidad, territorio, cultura, autonomía y participación.

Por favorecer prácticas ilegítimas que permiten la apropiación violenta e ilegal de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, para desarrollar proyectos y ctividades extractivas de exploración y explotación por parte de las empresas transnacionales.
Por su responsabilidad en la situación crítica de los 28 pueblos indígenas en inminente peligro de extinción y exterminio”.

En el mismo sentido y por los hechos referidos el TPP acusó a las siguientes empresas nacionales y trasnacionales:

ECOPETROL, OXY, REPSOL, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Anglo Gold Ashanti, BHP Billingthon, Anglo American, GLENCORE, XTRATA, MONSANTO, DYNCORP, Maderas del Darien-Urapalma, Muriel Mining Corporation, BRISA S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – Cobre y Oro de Colombia S.A.

Recomendaciones del TPP:

“Al Estado Colombiano: Que reconozca los títulos históricos de los diversos pueblos indígenas del país y facilite los procesos de legalización de asentamientos y resguardos, conforme a la Constitución Política de 1991 y a los instrumentos internacionales pertinentes (DUDH, PIDSP, PIDESC, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas del 10 de diciembre de 2007).

Que respete el Derecho de los Pueblos indígenas a gozar de los beneficios económicos derivados de la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Lo que implica una serie de obligaciones para el Estado:

- Obligación de una consulta previa antes de cualquier explotación del suelo, subsuelo o del agua (en particular minería y petróleo), que sea realmente previa, pública, que contenga auténticos acuerdos de compensación si así lo deciden los pueblos indigenas.

- Abstención de destruir cualquier forma de vida tradicional (agricultura, pesca y caza).

- Abstención de adoptar leyes incompatibles con los compromisos internacionales en relación con los bosques, las minas, la tierra y el agua.

Que acabe con las estrategias de expulsión de la población indígena a través de amenazas de grupos armados, de violaciones y de militarización del territorio.

Que se sancionen las prácticas de despojo incontrolado de los recursos naturales (mineros, petrolíferos y madereros), de contaminación de aguas y suelos, de destrucción de flora y fauna así como el saqueo de los conocimientos ancestrales asociados a la biodiversidad y de material genético de los pueblos indígenas de Colombia.

Que se reconozcan las autoridades indígenas, como está previsto en la constitución de 1991 y que se eviten y condenen los comportamientos irrespetuosos de las Fuerzas armadas que ingresan sin autorización a territorios indígenas, ocupan casas y espacios públicos, irrumpen en lugares sagrados o actúan con armas en dichos lugares.

Que se reconozcan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y que no se imponga la lengua dominante.

Que se respeten los derechos a la participación y al desarrollo tomando en cuenta la importancia de la tierra y de los recursos naturales para los pueblos indígenas, respetando la obligación de una verdadera consulta previa, como ya ha sido señalado; promoviendo verdaderas políticas públicas de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas con una participación activa de los pueblos concernidos en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda, y demás programas económicos y sociales y, en lo posible, en la administración de esos programas mediante sus propias instituciones.

Que revise su posición sobre la declaración de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 2007 sobre los derechos de los Pueblos indígenas y que cumpla con sus recomendaciones.

Que ponga un término definitivo a las violaciones del derecho a la vida y a la integridad física (asesinatos, mutilaciones, ataques contra la población civil, tortura, minas antipersonales, etc), y a la impunidad imperante.

Que ponga fin a las fumigaciones y a la contaminación de aguas y cultivos que provocan muertes y enfermedades en los pueblos indígenas.

Que respete los derechos a la libertad y a la libre circulación de los pueblos indígenas, poniendo término a las detenciones irregulares, a la criminalización y a la judicialización de dirigentes; al fomento de muertes violentas, secuestros, desapariciones, masacres, desplazamientos, torturas y reclutamiento de miembros de los pueblos indígenas así como la sanción de dichas violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Que ponga término a las violaciones del derecho a la verdad, la justicia y la reparación y, más generalmente, a la impunidad de todas las violaciones contra los pueblos indígenas de Colombia.

Que indemnice a los pueblos por los daños y perjuicios históricos, ambientales, culturales y materiales causados y reconozca la participación equitativa de los beneficios y riquezas producidas así como la inversión social a la que tienen derecho.

Igualmente que exija de las empresas transnacionales coresponsables de tales violaciones, la correspondiente reparación integral por los daños causados.

A los grupos insurgentes: Que respeten el Derecho Internacional Humanitario.

Que respeten los territorios ancestrales, la cultura y autonomía de los pueblos indígenas.

A los organismos internacionales de Protección de Derechos Humanos americanos y universales:

Hacer seguimiento de la aplicación de las normas protectoras de los pueblos Indígenas en Colombia, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 10 de diciembre de 2007 y del Convenio 169 de la OIT.

A la sociedad colombiana en general y a los medios de comunicación:

Valorar la riqueza y el aporte que los pueblos indígenas y su cultura dan a la nación colombiana. En consecuencia, movilizarse en su defensa

A los pueblos indígenas de Colombia, América Latina y del mundo:

Fortalecer la unidad y la resistencia en la lucha por su derecho a existir, su autonomía y su autodeterminación”.

El documento final de este veredicto, según aclaraciones del Comité Jurado de esta audiencia, saldrá publicado en los próximos días con los ajustes pertinentes•