Bolivia: El proyecto de Ley de la Amazonía

Enviado por ewituri el Jue, 01/03/2013 - 19:16.

(Por SENA-FOBOMADE)
 
SENA, 20 de diciembre.- Es necesaria una real mirada integral de la Amazonía, un reconocimiento de su gente diversa e historia, su belleza, de las potencialidades y aspiraciones de los pobladores amazónicos. Una ley para la Amazonía debe establecer todos los lineamientos, determinaciones y limitaciones taxativamente, y promover que la Amazonía, en su gestión, sea ampliamente participativa y propia.
 
El 5 de diciembre, el Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Forestales de la Cámara de Diputados, realizó un taller para presentar un anteproyecto de Ley sobre Desarrollo integral de la Amazonia Boliviana.
 
En este participaron diferentes entidades privadas y públicas, representantes indígenas, campesinos sindicalizados, diputados de comisión, académicos y empresarios, quienes luego comentaron críticamente al proyecto de Ley y manifestaron que dejó más dudas que certezas sobre el efectivo “desarrollo integral” de la Amazonía y las responsabilidades y funciones.
 
El proyecto de ley se centra en la creación de una unidad especial de gestión, el SEDIABOL, como instancia de coordinación en proyectos y programas en la Amazonía, que convocará a consulta previa en el caso de los pueblos indígena originarios campesinos (aunque no está claro si convoca o es la instancia de consulta).
 
Manejará un fondo especial para la Amazonía, incentivará proyectos turísticos y estará conformado por un Comité integrado por representaciones de tres gobernaciones (La Paz, Pando, Beni), municipios y pueblos indígenas.
 
En uno de sus artículos establece las condiciones del desarrollo integral amazónico y refiere que actividades como la ganadería extensiva serán limitadas, en relación al cuidado con los ecosistemas, mientras se promoverá actividades de recolección de frutos del bosque y turismo.
 
No se refiere a las actividades forestales maderables, aunque en parte de la ley dice que podrá incluso revocar derechos de aprovechamientos de recursos de la Amazonía, e intenta regular derechos sobre los cursos de agua.
 
Pero también se refiere a actividades de infraestructura sobre las que textualmente dice: “…serán diseñadas de acuerdo a los requerimientos regionales y nacionales, estando únicamente destinadas para satisfacer las demandas internas del país en una escala que no ponga en riesgo la vida, la integridad cultural y la preservación del medio ambiente”.
 
Para estos proyectos prevé una ley de declaración de interés nacional, la que puede o no considerar dicha escala. Una ley de esa naturaleza de cumple. Cabe preguntarse entonces, cómo regulará y determinará la Ley de la Amazonía la medida adecuada de proyectos de infraestructura y como garantizará su cumplimiento en las leyes que declaren el interés nacional de proyectos de infraestructura?
 
¿Cuál es la escala que no ponga en riesgo la vida y la integridad de la Amazonía? Preguntas obvias ante la insistencia gubernamental por la construcción del proyecto carretero Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni), que atravesará el centro del Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS).
 
Con la subsecuente amenaza de destrucción no solo del territorio indígena y sus habitantes, sino de un parque nacional que protege una importante región de nacimiento de cuencas amazónicas en el subandino y de la llanura beniana y su notable diversidad ecológica.
 
El proyecto de ley omite referirse a las actividades petroleras o mineras. Recordemos que proyectos de esta naturaleza se están implementando en la Amazonía como ejemplo la anunciada explotación de Petróleo en el Territorio Mosetén y en la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas o las concesiones hidrocarburíferas para Petrobras y Petroandina ya establecidas en el TIPNIS.
 
Por tanto debe establecerse claramente la limitación y nulidad de proyectos extractivos de esos recursos, ya que la Amazonía es altamente sensible (Art. 390 CPE) y se establece desde la Constitución su vocación de actividades de recolección.
 
La alta conflictividad por la explotación de oro aluvial y petróleo en América del Sur es conocida por los efectos en la salud de los habitantes amazónicos (pueblos indígenas y comunidades campesinas), la destrucción de zonas de protección ambiental y territorios indígenas, cuyos efectos contaminantes incluso traspasan las fronteras como en el caso de la explotación de oro aluvial en el Rio Madre de Dios Perú, cuyos contaminantes pasan a la Amazonía de Bolivia por el río.
 
También es parte de la realidad de los hechos la incursión de personas, incluso extranjeros, que se dedican a la explotación de oro en los ríos amazónicos, lo cual denota que no existe control fronterizo de los ríos, lo cual afecta el patrimonio ictiológico. La ley debería establecer qué medidas preventivas podrá aplicar una autoridad de la Amazonía en estos casos, ya que la revocatoria de concesiones solo es potestad de quien las otorga.
 
No se observan en el proyecto de ley de la Amazonía, medidas de prevención de los daños que merman su potencial turístico y recolector o la integridad de los ecosistemas, como es el caso de la construcción brasileña de represas hidroeléctricas, aguas abajo del tramo binacional del río Madera, con efectos ambientales e hídricos en la Amazonia boliviana.
 
O cuando es el propio Estado Plurinacional que se propone implementar un proyecto hidroeléctrico en la cuenca amazónica del río Beni (represa de Cachuela Esperanza), a pesar de que la demanda regional de energía puede ser satisfecha con otras tecnologías limpias, adecuadas a las necesidades nacionales, internas y propias.
 
Para el caso de los productos de recolección, una ley para la Amazonía debería establecer como indicador, objetivo o finalidad del desarrollo, que los productos Forestales No Maderables, cuenten con incentivos en el mercado formal.
 
Los pequeños proyectos de financiamiento para fortalecer la recolección dejan en el desamparo a la siguiente cadena que es la comercialización y desarrollo del producto como fuentes estrella de movimiento económico regional que protege a la selva amazónica. Y si bien la exportación es la meta final para la generación de una economía de alto impacto, el consumo nacional de estos productos podría asegurar la Soberanía Alimentaria, como aspiración nacional.
 
Quienes se dedican a la producción y recolección de frutos del bosque son por excelencia los pueblos indígenas originarios y son, desde la óptica de la Constitución, quienes podrán aportan con conocimiento en el método, tiempos y calidad de recolección de productos no maderables.
 
Por ello la importancia de su constante participación, pero no solo como proveedores de materia prima a cambio de un precio injusto. Los pueblos indígenas amazónicos como Chacobos, Cavineños, Tacanas, Esse Ejjas, Araonas, Pacahuaras, Toromonas, Yaminahuas, Machineris y Pacahuaras son por tanto actores trascendentales de la Política y de la Ley de la Amazonía.
 
Por otro lado, se debe considerar en el proyecto de ley de la Amazonía o en ley especial, de forma clara y precisa, la situación de los pueblos indígenas en Aislamiento Voluntario o No Contactados, cuya decisión está constitucionalmente protegida (principio de no contacto, Art. 31 CPE).
 
Y que son pueblos esencialmente amazónicos como los Toromonas en Madidi (La Paz) y los Pacahuaras a lo largo del Río Madera (Pando). Debe ser también una condicionante para el desarrollo integral de la Amazonía el respeto de territorios especiales para estos pueblos.
 
En la realidad de los hechos, las actividades económicas en la Amazonía se centran en la recolección de castaña con el principal trabajo extractivo de comunidades campesinas y pueblos indígenas, la ganadería y la explotación forestal cuyo “control” estatal permite el tráfico ilegal de maderas.
 
Existen empresas madereras concesionarias cuya actividades van generando deforestación que afecta a la Amazonía, incluso no respetan el espacio del árbol de castaña y lo cortan a pesar de ser un patrimonio amazónico. Es también responsabilidad de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) establecer mejores formas de aprovechamiento forestal, sanciones al incumplimiento de cuidados forestales, reducir el nivel de deforestación y otros.
 
Es necesaria una real mirada integral de la Amazonía, un reconocimiento de su gente diversa e historia, su belleza, potencialidades y aspiraciones de los pobladores amazónicos. Una ley para la Amazonía debe establecer todos los lineamientos, determinaciones y limitaciones taxativamente, y promover que la Amazonía, en su gestión, sea ampliamente participativa y propia.
 
«»APUNTES:
La Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, en referencia a la Amazonía establece una “administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica” (Art. 391.I), y más adelante, en el mismo artículo (391.III) establece que en coordinación con los Pueblos indígenas creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la Amazonía, para promover actividades propias de la región.
 
También la Constitución establece la delimitación geográfica de la Amazonía Boliviana (Art. 390 CPE), donde el departamento de Pando resulta ser 100% amazónico por lo que debe considerarse que su participación en la toma de decisiones sobre la Amazonia debe ser mayor.
 
Se reconoce que la zona amazónica es altamente sensible ambientalmente hablando (Art. 390 CPE).

 

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